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El asesinato de Berta Cáceres, un crimen contra los derechos humanos

Pilar Estébanez, médico y presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria

Pilar Estébanez Estébanez
Pilar Estébanez Estébanez

El asesinato de la activista medioambiental Berta Cáceres ha desencadenado una oleada de indignación por el mensaje claro que supone: luchar contra las grandes corporaciones, a favor de los pueblos indígenas y contra la destrucción del medioambiente no se perdona. Cáceres, que había recibido hace apenas un año el Premio Goldman, uno de los premios más prestigiosos de mundo por su oposición a la construcción de una obra hidroeléctrica en Honduras, había denunciado numerosas amenazas por su activismo.

Berta había logrado paralizar una obra en el río Gualcarque, al noroeste de Honduras, presupuestada en 35 millones de dólares para la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el que participaban diversas empresas internacionales, así como el Banco Mundial. El resultado de las obras hubiera significado que una comunidad indígena a la que ella pertenecía, los lenca, hubieran perdido el acceso al agua de ese río, condenándoles a la desaparición.

Gracias a la movilización que ella encabezó se logró paralizar la obra. Sin embargo, las amenazas contra ella y contra otros activistas y miembros de su etnia eran constantes. Cáceres tenía un largo historial como activista, y fue fundadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), desde donde defendía los derechos de su comunidad y desde donde había encabezado distintas movilizaciones, como las que protagonizó contra el golpe de Estado de 2009.

Las declaraciones de la policía, tras haberse conocido que fue asesinada el pasado día tres, fue que su muerte se debía a un “intento de robo”, aunque los activistas y dirigentes obreros y populares de Honduras rechazan esa interpretación y creen que el crimen ha sido político. Berta, a pesar de las amenazas, no tenía protección policial, según estos dirigentes y sus familiares, por las presiones de las empresas hidroeléctricas, para quienes se había convertido en una enemiga.

No es el primer caso de la eliminación de un activista medioambiental en Honduras: entre 2002 y 2014 han asesinado a 111 activistas medioambientales. Honduras es uno de los países del mundo con índice más elevado de homicidios: 13 muertes diarias.

La indignación ante este asesinato ha sido tal, que se han convocado diversas movilizaciones en diversos países para protestar y para recordar el trabajo de esta activista y de otra asesinadas por la defensa de los derechos de sus pueblos.

Quizás debería ser el momento que este tipo de crímenes empezaran a considerarse como crímenes contra la Humanidad, puesto que van dirigidos directamente contra quienes defienden los derechos de colectivos especialmente vulnerables. Precisamente ahora, que 193 países se reúnen para comprometerse a cumplir los Objetivos del Milenio, no pueden quedar al margen los derechos de los pueblos indígenas, ignorados y condenados a la desaparición bajo la excusa del desarrollo económico que no tiene en cuenta sus necesidades.

Resulta también chocante que la destrucción que están sufriendo elementos considerados como Patrimonio de la Humanidad, como la destrucción de los mausoleos de Tombuctó por los islamistas levanten tanta movilización, mientras que la destrucción de la forma de vida de los pueblos indígenas no sea considerado como un crimen contra la Humanidad ni contra el Patrimonio o el acervo cultural.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyas bases de financiación ya han sido decididas en cabo la III Conferencia Internacional de Financiación del Desarrollo el pasado mes de Julio en Addis Abeba, podrían nacer seriamente tocados ya que quien decide qué se financia es el donante, no el receptor. Por tanto, ojbetivos como los derechos medioambientales, o los derechos de los pueblos indígenas, quedarán supeditados a otros objetivos más relacionados con el desarrollo económico.

El ejemplo del proyecto de la represa que paralizó la activista asesinada, es una buena muestra de los que puede ser considerado como “desarrollo” por parte de las corporaciones e instituciones internacionales, y que no tiene en cuenta más que los beneficios económicos que puedan obtenerse a pesar de la destrucción de los delicados equilibrios que permiten la supervivencia de centenares de miles de personas en todo el mundo.

El asesinato de Berta Cáceres debería, por tanto, ser considerado como un crimen contra la Humanidad porque se dirige directamente al corazón de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y en contra de la supervivencia de determinados sistemas de vida y ecosistemas que quedarían irremediablemente destruidos, lo que supone un atentado contra el futuro de la Humanidad y la biodiversidad.

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