¿Cómo se ha modificado el panorama gubernativo en el mundo árabe tres meses después del comienzo de la “primavera democrática”? Las protestas civiles masivas han provocado, en el conjunto de la región, un seísmo político de nivel 10. De Rabat a Manama, pasando por Nuakchot, Argel, Túnez, Trípoli, El Cairo, Jartum, Ammán, Damasco, Bagdad, Riad, Omán y Saná, nada es ya igual.
En la fase actual, nos hallamos ante cuatro tipos de situaciones diferentes: dos países (Túnez y Egipto) han derrocado a sus dictadores y están en vías de democratización; varios gobiernos autoritarios (Marruecos, Argelia, Jordania, Arabia Saudí y Omán) han decidido introducir cambios más o menos importantes en un intento de apaciguar las protestas; algunos dirigentes (en Bahréin, Siria y Yemen) han preferido reprimir con extremada violencia a los manifestantes. Y un caso aparte lo constituye Libia en donde la violencia de la represión de las fuerzas del coronel Gadafi contra los protestatarios condujo a éstos a armarse y a iniciar, en condiciones muy desiguales, una guerra civil. Ante el peligro de que los insurgentes fuesen aniquilados, la ONU adoptó el pasado 17 de marzo, sin que ninguna gran potencia se opusiera con su veto, la resolución 1973 que autoriza “a tomar todas las medidas necesarias para proteger a las poblaciones civiles” y “a establecer una zona de exclusión aérea”. En el marco de esa resolución, el 19 de marzo comenzó la intervención militar “Amanecer de la Odisea”. Aunque legal por ceñirse al derecho internacional, y legítima por impedir un crimen de guerra, esta intervención está ocasionando amplias controversias.
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