Crisis del derecho de asilo

Se habla de que estamos viviendo la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, pero ésta no es una expresión muy acertada; lo que estamos viviendo, en realidad, es una profunda crisis del derecho de asilo; y si este derecho está en crisis, lo están también los valores democráticos de Europa, porque el derecho de asilo es uno de los principales pilares de la democracia y de los derechos humanos.

El derecho de asilo era ya vulnerado por los gobiernos europeos al impedir que los refugiados tuvieran un acceso fácil a su territorio. De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre Refugiados de 1951, toda persona que huye de una situación en la que peligra su vida tiene derecho a solicitar asilo en cualquier país firmante de la Convención (todos los Estados europeos lo son); sin embargo, los gobiernos impiden que los refugiados lleguen a territorio de asilo cuando aplican las medidas de lo que ellos llaman “lucha contra la inmigración ilegal”. El pasado año se presentaron 1.321.600 solicitudes de asilo en la Unión Europea, pero no se trató de personas a las que los Estados europeos hubieran abierto las puertas; bien al contrario, la inmensa mayoría de los solicitantes llegaron por rutas peligrosas e irregulares, tras haberse puesto en manos de las mafias y haberse jugado la vida, sobre todo en el mar. Las más de 3.700 muertes que se produjeron en el Mediterráneo en 2015, y las más de 2.500 que llevamos en lo que va de año, son responsabilidad directa de estas políticas que impiden la entrada de los refugiados por vías seguras.

La vulneración del derecho de asilo por parte de los gobiernos ha alcanzado nuevas cotas en 2016. De entrada, por el incumplimiento flagrante de sus propios compromisos: dijeron que reubicarían a 160.000 refugiados, de los llegados a Grecia e Italia, y los reubicados son menos de 3.000 (España ha reubicado a 124, de los más de 14.000 a los que se comprometió), y ello a pesar de que todo el mundo está viendo las condiciones dramáticas en las que viven los refugiados en los campamentos improvisados (de Grecia, especialmente). Como si no fuera importante que los niños lleven meses sin estar escolarizados, que la atención médica sea ínfima… Como si por haber huido de una guerra merecieran el castigo de ser sometidos a condiciones de vida infrahumanas durante un buen número de meses.

Tampoco se está cumpliendo el compromiso de reasentamiento de 20.000 personas adoptado el pasado otoño. Se utiliza este término para definir el traslado de refugiados desde los países vecinos a los de conflicto, es decir, desde Turquía, Líbano, Jordania, etc., y es defendido por las organizaciones de apoyo a los refugiados porque constituye una vía segura, una forma de evitar que las personas que quieren solicitar asilo en Europa tengan que jugarse la vida en el trayecto. Las organizaciones exigen compromisos de reasentamiento mucho mayores que los adoptados, pero lo grave es que ni siquiera se ha cumplido el nimio acuerdo del pasado año. Por ejemplo, España se comprometió a reasentar a más de 1.400 personas y no ha reasentado a ninguna.

Pero lo que ha asestado un golpe mortal al derecho de asilo es el acuerdo con Turquía que entró en vigor el pasado 20 de marzo. Los gobiernos europeos no han tenido reparo en firmar un acuerdo ilegal y vergonzoso que deja muy mal parados nuestros estándares en materia de derechos humanos. Es ilegal porque comporta expulsiones colectivas, prohibidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, vulnera el principio de no devolución a un país no seguro que establece la Convención de Ginebra sobre Refugiados, contradice las garantías legales a las que obliga la Directiva europea de Retorno y vulnera el principio de no discriminación por país de origen que también establece la Convención de Ginebra. Es un acuerdo inadmisible que generará más muertes en el Mediterráneo y con el que también naufraga la Europa social y democrática.

Dentro de una semana se realizan elecciones parlamentarias en España. Poco han hablado los candidatos de los cuatro principales partidos sobre refugiados y derecho de asilo, pero alguien tendrá que gobernar después y algo tendrá que hacer sobre este tema. Lo que reclaman las organizaciones de defensa del derecho de asilo, como CEAR, es que el gobierno español retire de inmediato su apoyo al acuerdo con Turquía; que reactive y acelere la reubicación de refugiados desde Grecia; que potencie las vías seguras para los refugiados y, en particular, el reasentamiento; y, en un plano más doméstico, que acabe con las devoluciones ilegales que se siguen realizando en Ceuta y Melilla. Estaría bien que en los próximos días los partidos y los candidatos debatan y se definan sin ambigüedades sobre estas propuestas.