Pilar Estébanez Estébanez

CIE agujero negro del sistema

Pilar Estébanez

Pilar Estébanez, médico y presidenta de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria

Los CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) se han convertido en un verdadero agujero negro del sistema judicial o penal español. Fueron creados originalmente para internar en un espacio adecuado a personas inmigrantes durante el período en el que se tramitaba su expulsión a sus países de origen. Con el transcurrir del tiempo se han convertido en prisiones–la mayoría de sus internos ni siquiera ha cometido un delito ni han sido juzgados, ni acusados de delito alguno, ni esperan ser juzgados. Simplemente han cometido una falta administrativa-. Son prisiones con dos peculiaridades: sus internos son todos extranjeros, y éstos carecen de los derechos que sí asisten a los internos en las prisiones convencionales.

Esta carencia de derechos y las condiciones en las que viven y se les trata llevaron a que ayer un grupo de sesenta internos subieran a la azotea del CIE de Aluche (Madrid) para protestar pacíficamente por las condiciones en las que se ven obligados a vivir. La respuesta del Ministerio del Interior ha sido la que cabía esperar de un ministro de las características y la sensibilidad de Jorge Fernández Díaz: la expulsión de los que pacíficamente protestaban.

Como decíamos al inicio, los CIE se crearon para alojar a migrantes que hubieran cometido alguna falta –no tener papeles- mientras se tramitaba su expulsión. En principio, por un período breve. Sin embargo, apenas el 40 por ciento de los internos que pasan por el CIE son expulsados. De cada 100, sesenta son liberados tras un período de entre 30 o 40 días por decisión judicial, lo que demuestra que se trata de un sistema que no funciona y por el que se detiene y encierra a personas que luego recobran la libertad por el mero hecho de ser extranjeros.

Por otra parte, es necesario referirse a las razones de la protesta de ayer en Aluche: las condiciones de vida penosas a las que se les obliga a vivir durante ese período: si apenas atención médica o si la tienen, inadecuada, sin ropa de abrigo, sin derecho a recibir visitas, sin derecho a asistencia jurídica en condiciones, expulsiones precipitadas y de personas enfermas… Para colmo, durante la protesta de Aluche se prohibió a representantes de los ciudadanos, diputadas y concejales debidamente acreditados, así como a los representantes de las ONG, acceder al CIE para recabar información sobre lo que estaba pasando, incumpliendo una obligación de transparencia a la que los representantes de los ciudadanos tienen derecho.

España ya ha sido condenada por la ONU por las condiciones de los presos en los CIE (en el de Aluche murió una interna hace cinco años, tras serle denegada la asistencia médica en diez ocasiones). Las organizaciones de derechos humanos apenas ha podido acceder a estos centros, y cuando lo han hecho, han descrito las condiciones indignas en las que se mantiene a sus internos.

Pero es que, además, los CIE incumplen sus propios reglamentos e incluso la propia legislación española: se están documentando expulsiones que incumplen la legislación al hacerse sin notificación de tiempo y forma y vulnerando el derecho de asilo, de cuya convención España es signataria.

La situación y las condiciones del CIE de Aluche no es una excepción: por el contrario, es norma en todo el territorio español, donde todos los CIE incumplen de forma flagrante la legislación y vulneran los derechos humanos fundamentales.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado lo deja bien claro: se interna en los CIE a personas que han cometido una infracción administrativa, que equivaldría a que cualquier ciudadano pudiera ser encarcelado por una sanción de tráfico. Es, por tanto, una “utilización desproporcionada y un abuso del internamiento de personas migrantes”, ya que la ley dice que el internamiento en un CIE debe ser una medida excepcional una vez agotadas las medidas alternativas.

Son muchas las vulneraciones, como decíamos, empezando por el propio reglamento de los CIE, que dice que se deben cumplir los derechos y garantías, entre ellas la asistencia jurídica, la asistencia sanitaria, las visitas o la información a la que tienen derecho los internos sobre los procedimientos de expulsión o protección internacional, lo que impide tener acceso al procedimiento de asilo. También se incumple la obligación de transparencia: lo que pasa en los CIES sucede en la opacidad, sin que las organizaciones que velan por los derechos humanos tengan conocimiento ni acceso.

En 2011 la organización Médicos del Mundo promovió un manifiesto pidiendo que el Derecho no se detuviera en la puerta de los CIE, porque consideraba, entre otras cosas, el riesgo que  el internamiento en los CIE “conlleva para la salud física y mental” de los internos y expresaba su preocupación por “la falta de información accesible sobre las condiciones de habitabilidad, salud, higiene, atención y asesoramiento de las personas retenidas a falta del Reglamento que regule el acceso de las organizaciones sociales. En este sentido, el incremento del número de días de internamiento en  estos centros contemplado en  la Ley de Extranjería en vigor desde 2010 significa ahondar la vulneración a los derechos humanos de las personas inmigrantes sin permiso de residencia que son internadas en  ellas”.

Desde la publicación de ese manifiesto, hace cinco años, no sólo no ha mejorado la situación, sino que ha empeorado: siguen las violaciones de los derechos humanos, sigue la opacidad, y los CIE siguen siendo un agujero negro. Y lo peor es que no se percibe ningún intento de mejorar las cosas. Por tanto, sólo queda denunciar y apoyar a los internos en ese limbo sin derechos. Un inmigrante sin papeles no es un delincuente. Pidamos el cierre de los CIE.

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