Amnistía Internacional denuncia la situación de los refugiados de la isla de Manus, abandonados a su suerte tras dejarles sin comida, agua, medicinas o electricidad
Héctor Alonso
El cierre del campo de detención de refugiados y solicitantes de asilo situado en la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea) por sentencia judicial, está poniendo en grave riesgo la vida de los más de 600 refugiados que viven en él, a serles cortado el suministro de alimentos, agua y electricidad.
Para entender lo que está pasando hay que remontarse al año 2013, cuando Australia trasladó a los refugiados que trataban de llegar al país vía marítima a la isla de Manus, perteneciente a Papúa Nueva Guinea. Con apoyo financiero de Australia se construyó un campo de detención que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por sus pésimas e inhumanas condiciones por numerosas organizaciones de derechos humanos.
A lo largo de estos años a los detenidos no se les ha permitido acceder a la condición de refugiados o solicitantes de asilo, y su presencia en la isla ha provocado la hostilidad de sus habitantes. Hace unos días un tribunal de Papúa Nueva Guinea declaró el campo «ilegal» y ordenó su cierre, que se hizo efectivo el pasado día 31 de octubre. A partir de ese momento se dejó de suministrar alimentos, agua y electricidad al campo. Un recurso ante el Tribunal Supremo de Papúa para que se restauraran los servicios esenciales del campo acaba de ser rechazado hoy mismo, lo que ha sido considerado como «un ataque abominable contra el derecho a la vida» por Amnistía Internacional (AI), que alerta del peligro para la supervivencia de los detenidos. «Si las autoridades no actúan inmediatamente, existe un riesgo real de que la situación se deteriore catastróficamente. Las vidas de estos hombres, que solo piden sus derechos a la dignidad y la seguridad, están en grave riesgo», dice AI.
La organización de derechos humanos ha denunciado que en el campo se ha desarrollado una «guerra psicológica» contra los refugiados, con tácticas crueles para que se marchen o se instalen en Papúa, donde no son bien recibidos y los que lo han intentado han sufrido ataques. Para AI se está vulnerando la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. En su última visita al campo miembros de AI describieron la situación como «desesperada y al borde de la catástrofe».
Para esta organización la responsable de la situación es Australia, que ha creado una crisis y ha abandonado a su suerte a refugiados vulnerables. La medida más urgente sería restaurar el suministro de servicios esenciales, como agua, servicios médicos o alimentos, que han sido bloqueados.
Amnistía Internacional ha pedido durante mucho tiempo al gobierno australiano que ponga fin al procesamiento extraterritorial y que lleve a los refugiados a Australia y cumpla con su obligación según el derecho internacional de tramitar sus solicitudes de asilo, como es su responsabilidad. Sin embargo Australia ha ignorado estas peticiones, por lo que sólo queda una solución, también rechazada por Australia: reubicar a esas 600 personas en otros países. A pesar de que otros países, como Nueva Zelanda, se han ofrecido a proteger a estas personas, Australia ha bloqueado esta medida.
Vidas en peligro
La salud de los refugiados está en riesgo debido a la falta de agua potable limpia y un saneamiento deficiente con condiciones que se deterioran rápidamente cada día. Tampoco hay electricidad ni atención médica disponible y no está claro si habrá alguna ayuda en caso de una emergencia médica. En los últimos días se han producido tres emergencias médicas y se han ignorado las peticiones de ayuda, lo que supone una violación de las Convenciones internacionales. Hasta el momento la gestión del campo era realizada por compañías privadas pagadas por el gobierno de Australia, que se han retirado. Desde octubre se ha presionado a los refugiados para que se marchen del campo, recortándoles cada vez más servicios. También se les amenazó con que los soldados de Papúa tomarían el campo. En abril los soldados dispararon contra las instalaciones por lo que los refugiados tienen verdadero pánico a que esa amenaza se cumpla.
Tampoco hay ya suministro de medicamentos, ni siquiera para los refugiados con problemas de salud mental como consecuencia de las condiciones de vida, después de cuatro años en muchos casos, de encierro.
Para las organizaciones de derechos humanos Australia debe asumir sus responsabilidades internacionales y hacerse cargo de estas seiscientas personas antes de que la catástrofe se consume.
